La adquisición de estos sistemas de control se ha llevado a cabo con el objetivo de poder abarcar algunas carreteras secundarias, puesto que son los lugares en los que se dan las cifras más altas en cuanto a accidentes mortales.
El acuerdo lo llevó a cabo la DGT con la empresa española Seima Seguridad S.A., entre otras cuestiones porque su propuesta permitía a Tráfico ahorrarse 30.000 € en relación al presupuesto inicial, cerrándose el acuerdo en 1,1 millones de euros.
Actualmente las carreteras españolas disponen de un total de 850 radares fijos, correspondiendo 550 a la DGT, 240 pertenecen a Cataluña y por último 60 al País Vasco. Además de estos radares, el apartado de Tráfico de la Guardia Civil tiene a su disposición 250 radares fijos.
La incorporación de estos radares se ha llevado a cabo para controlar tanto desde instalaciones fijas como desde un vehículo inmovilizado las carreteras secundarias, ya que el 75% de los accidentes mortales en España se producen en estos territorios.
Estos radares podrán hacerse funcionar de forma manual o de forma automática, y cuando salte llevarán a cabo dos fotografías. Una de la matrícula y otra panorámica del lugar en el que se produzca la infracción.
